CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE XÁBIA
Fecha inicio Consulta Pública: 28 de abril de 2026.
Fecha finalización Consulta Pública: 19 de mayo de 2026
De acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al objeto de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración de normas se lleva a término una consulta pública, a través del portal web del Ayuntamiento de Xàbia, con el objetivo de recoger la opinión de los ciudadanos y organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma a cerca de:
a) Antecedentes
b) Problemas que se quieren solucionar con la iniciativa.
c) La necesidad y oportunidad de su aprobación
d) Los objetivos de la norma
e) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
En cumplimiento de lo indicado, el marco en el que se plantea la nueva norma es el siguiente:
a) ANTECEDENTES
La experiencia administrativa pone de manifiesto que la inexistencia de una ordenanza general específica en materia de precios públicos dificulta la tramitación homogénea de los expedientes, obliga a reproducir en cada caso determinaciones comunes relativas al régimen de gestión y cobro, y genera una innecesaria reiteración procedimental.
Asimismo, la aprobación individualizada de instrumentos específicos para cada precio público, con reproducción de contenidos generales ya conocidos, supone una mayor carga administrativa y una menor agilidad en la adaptación de las cuantías a las necesidades reales del servicio, actividad o prestación de que se trate.
b) PROBLEMAS QUE SE QUIEREN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA
Por ello, se considera necesario aprobar una ordenanza de carácter general y vocación permanente que sirva de cobertura normativa común, de modo que la aprobación concreta de los distintos precios públicos y de sus modificaciones pueda articularse posteriormente mediante acuerdo del órgano competente, con la documentación económico-financiera y los informes preceptivos que correspondan en cada expediente.
c) LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN
Se aprecia la necesidad de impulsar la aprobación de una Ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos del Ayuntamiento de Xàbia con la finalidad de establecer un régimen jurídico común aplicable al establecimiento, fijación, modificación, gestión, cobro, recaudación y, en su caso, devolución de los precios públicos municipales.
La necesidad de dicha ordenanza se justifica en la conveniencia de contar con una norma general que regule de forma homogénea los aspectos comunes de los precios públicos, evitando la dispersión normativa y dotando de mayor seguridad jurídica, coherencia técnica y uniformidad de criterio a la actuación municipal en esta materia.
d) LOS OBJETIVOS DE LA NORMA
• La aprobación de una ordenanza general se considera la solución más adecuada para atender las necesidades descritas, por cuanto permite diferenciar claramente entre:
• La regulación general de los precios públicos, que debe contenerse en una disposición de carácter normativo; y
• La fijación o modificación concreta de sus cuantías, que puede aprobarse en cada expediente mediante el correspondiente acuerdo, acompañado de memoria económico-financiera e informes preceptivos.
Con ello se consigue una regulación más racional, sistemática y eficiente, evitando la necesidad de tramitar sucesivas ordenanzas específicas para cada precio público, sin merma de las garantías jurídicas, económicas y procedimentales exigibles.
e) LAS POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS
La iniciativa se considera ajustada a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en cuanto:
a) responde a una necesidad real de ordenación y sistematización normativa.
b) constituye el instrumento más eficaz para alcanzar los fines perseguidos;
c) contiene la regulación imprescindible para establecer un marco general común;
d) mejora la seguridad jurídica al unificar criterios y procedimientos;
e) favorece la transparencia en la definición del régimen aplicable a los precios públicos; y
f) contribuye a una gestión administrativa más eficiente y menos gravosa.
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